Campeonato de Gimnasia Rítmica de Castilla y León de 2015 |
@deportesavila / El próximo sábado 28 de mayo se va a celebrar la “Final Escolar del Campeonato de Gimnasia Rítmica de Castilla y León, donde participarán alrededor de 1.000 niñas de todas las edades y de toda la Comunidad. Según Podemos Castilla y León la denominación de este campeonato, “lleva a equívoco tanto a las familias como a las propias niñas, que creen que esta competición es un eslabón entre los campeonatos provinciales en los que han sido previamente seleccionadas y otros de ámbito territorial superior”.
Afirma Podemos que “se trata de un campeonato aislado”, donde “parece poco lógico que una celebración deportiva de estas características tenga lugar en una plaza de toros y no en un polideportivo”. Por quinto año consecutivo la competición se desarrollará en la localidad vallisoletana de Íscar.
La formación política denuncia que no puedan tomar parte en el evento deportivo “las familias más castigadas por la crisis”, debido a que “para participar en el campeonato, cada niña debe pagar 40 €”. Además, para acceder al recinto los familiares de las participantes tendrán que abonar dos euros, “convirtiendo así a las niñas, maquilladas como mujeres adultas, en parte de un espectáculo lucrativo lejos de los objetivos del Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2015-16”, el cual establece que “las actividades deportivas en edad escolar irán dirigidas a todos los escolares sin excepción”.
Con ello se contraviene la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte en Castilla y León que establece entre los principios rectores de la política deportiva en la Comunidad el de “promover las condiciones que favorezcan la igualdad de la mujer en el deporte y su plena incorporación a la práctica de la actividad física y deportiva, a todos los niveles”.
“Ante la inquietud de muchas familias”, dice el Grupo Podemos haber contactado con la Dirección General de Deporte de la Junta de Castilla y León, “que por su parte no ve problema en lo que está sucediendo«. “La consejera de Cultura, responsable política, debería aclarar tantas irregularidades concentradas en un solo evento que afectan a lo económico (mueve anualmente más de 40.000 euros), y que afectan directamente contra otros derechos fundamentales: el trato igualitario y la no utilización de menores en espectáculos con fines lucrativos”, concluye en su comunicado.