Ávilared / El pleno extraordinario dedicado al Centro 88 Torreones no ha dejado conclusiones muy claras. La única es que el centro seguirá funcionando y el deseo de que se resuelva el problema. La oposición ha exigido responsabilidades.

Algunas de las resoluciones que se han votado -de cuatro partidos- son contradictorias, pero todas ellas han salido adelante. Trato Ciudadano ha pedido la dimisión de la portavoz del PP, Patricia Rodríguez, porque era concejal de Deportes en mandatos anteriores.
«No creo que la solución es que yo me vaya, me iré a mi casa cuando lo diga el alcalde y mi partido«, ha dicho Rodríguez. El alcalde, José Luis Rivas, ha ratificado la confianza en su portavoz.
El pleno ha comenzado a las 11,30 horas y se ha prolongado durante más de dos horas, tras la sesión ordinaria de febrero, y en él todos los grupos han hecho historia desde que se aprobó levantar el Centro de Raquetas, con cargo al Plan E del Gobierno de Zapatero, y luego la ampliación que daría como resultado el 88 Torreones, para cuya inversión la adjudicataria hipotecó la concesión ante el Banco Santander.
La oposición ha apuntado fechas y detalles de la historia del centro deportivo, y se ha recordado que la adjudicación fue a una empresa, Pines, que entró en concurso de acreedores al año siguiente a recibir la concesión.
Anterior alcalde
Desde UPyD Javier Cerrajero ha exigido depurar responsabilidades; mientras que desde IU Montserrat Barcenilla, ha criticado la falta de control municipal. Rubén Arroyo, de Trato Ciudadano, se ha preguntado la inversión real que hizo la empresa; y la socialista Yolanda Vázquez, ha lamentado la casi connivencia del anterior equipo de Gobierno. Así se ha recordado para criticar al anterior alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
Por contra, la portavoz del equipo de Gobierno, ha mirado el proceso desde otro punto de vista: la concesión funcionó «correctamente» y el proceso fue «transparente«. La ampliación fue «todo un acierto» para mejorar. Y ha achacado los problemas de la empresa a la «tremenda crisis» que afectó a cientos de compañías, además de señalar la transparencia en el procedimiento por el que la empresa hipotecó la concesión.
Rodríguez también ha asegurado que «las cosas no se hicieron mal» y que la gestión «no ha tenido ningún coste para las arcas municipales«. Si el Ayuntamiento adelantó dinero para los gastos generales cuando la compañía quedó disuelta, eso se recuperó de la fianza de 41.900 euros.
La portavoz del PP ha querido destacar que el centro sigue abierto y que el personal cobra puntualmente, advirtiendo por lo que hubiera pasado si se hubiera cerrado.
Medida transitoria
El debate se ha centrado en ese momento, cuando tras la liquidación de Pines, en marzo de 2016 la Junta de Gobierno Local encomendó la gestión a Geyco -participada por Pines- al no haber en realidad una adjudicación, si bien todavía se mantiene en sus manos.
El encargo sin adjudicación a Geyco hace un año -ha justificado- fue «una medida transitoria para que el centro no cerrase«.
En el debate han saltado muchas dudas y, entre otros detalles, se ha conocido que la maquinaria del centro no entra en la concesión y en la adjudicación, por lo que el Juzgado de lo Mercantil ha vuelto a abrir el plazo para que las empresas presenten ofertas.
Resoluciones
Al final del pleno se han votado diversas resoluciones: todas ellas han salido adelante, aunque tengan ciertas contradicciones, pero la aritmética de la corporación así lo permite.
La propuesta de Ciudadanos pide al juzgado de Badajoz que entiende el caso que agilice la resolución y al equipo de Gobierno que dije un plazo de resolución definitivo. Ha sido apoyada por el PSOE (total nueve votos y la abstención del resto de grupos).
La del PP aboga por el mantenimiento del centro «para salvaguardar el interés público», por el empleo, y propone «supervisar» la actual gestión. Aprobada por el voto de calidad del alcalde (10 votos de PP y UPyD, abstención de Ciudadanos y 10 en contra de PSOE, Trato e IU).
IU insta a anular la cesión a Pines de la gestión hecho en marzo de 2016 y propone la remunicipalización respetando el proceso judicial. Aprobado por 11 votos, con PSOE, Trato y UPyD, en contra de PP y abstención de Ciudadanos.
El PSOE pide que el Consejo Consultivo de Castilla y León se pronuncie sobre si se ajusta a derecho la cesión a Pines y sobre la situación de que esta empresa haya recaudado dinero desde hace casi un año sin tener la concesión. Lo han apoyado todos los grupos salvo el PP.
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